El pasado 13 de octubre recibimos un correo electrónico de la Secretaría General del Cuerpo Consular en Barcelona. Desde la Oficina de dicha Secretaría, Susana Álvarez nos remitía adjunta la siguiente carta, "siguiendo indicaciones":
Apreciados Sres. del Colectivo Ciudadanos contra la Indiferencia.
Ante las diferentes comunicaciones de fechas 28 de Agosto 2025 “Gaza y el Cuerpo consular de Barcelona” y de 24 de Septiembre de 2025 “Insistimos” escudadas en el anonimato debo indicarles que se abstengan de enviar nuevos escritos y requerimientos por ser constitutivos presuntamente de un ilícito penal de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal.
En el caso que enviaran nuevos requerimientos coaccionándonos nos veremos obligados a interponer acciones judiciales contra todos los componentes de este colectivo llamado Colectivo contra la indiferencia, e informar a las correspondientes Embajadas.
Les ofrecemos dialogo y la oportunidad de intercambiar puntos de vista y opiniones en una relación abierta tendente a mejorar el servicio al Cuerpo Consular, Les pedimos que no sigan encubriéndose en el anonimato que les deslegitima.
Muy atentamente.
Comité Ejecutivo del Cuerpo Consular
La carta, que viene sin membrete ni firma, lleva la impronta del cónsul honorario de Israel y actual Secretario General del Comité Ejecutivo, Yosef David Sánchez-Molina Rubín. De hecho, vuelve a incidir en cuestiones que mencionó en el escrito que nos hizo llegar como cónsul, cuestiones que ya le aclaramos oportunamente. Como le decíamos entonces, no nos "escudamos en el anonimato", nos cubrimos las espaldas, sin que ello desvirtúe el mensaje. Y, obviamente, el mensaje no va de "mejorar el servicio al Cuerpo Consular", como pretende al proponer "intercambiar puntos de vista" sobre gestión.
La novedad, en esta ocasión, es la amenaza con acciones legales por un presunto delito de coacciones en caso de que sigamos enviando comunicados insistiendo en el tema. Como abogado, el Sr. Sánchez-Molina sabe, o debería saber, que la situación no se encuadra en el supuesto previsto en el artículo 172.1 del Código Penal. Como cualquiera puede comprobar, aquí se ha tratado de invitaciones formuladas en términos respetuosos, no intimidatorios, que exponen una opinión basada en información veraz de dominio público y expresan peticiones legítimas amparadas por la libertad de expresión y participación ciudadana, tal como garantiza la Constitución Española (artículos 20 y 23). Nos dirigimos a cargos de relevancia pública en un contexto político de protesta y reivindicación, sin entrar en cuestiones que afecten a su intimidad y su vida privada. Informarles y tratar de convencerlos, dando visibilidad a nuestra demanda, no es coaccionar. No pueden pretender que su libertad individual haya quedado desprotegida a consecuencia de intimidaciones que no han existido. En cambio, es posible que la amenaza contenida en su carta sí pueda considerarse delictiva de acuerdo al artículo 171.1 del Código Penal...
No vamos a ir por ese camino. Todo esto son nimiedades en comparación con los crímenes de lesa humanidad en los que deseamos que se siga poniendo el foco. Agradecemos, en todo caso, que no se nos haya acusado de terroristas.
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